RESPONSABILIDAD CIVIL MEDIOAMBIENTAL
La responsabilidad civil medioambiental es un precepto jurídico que encuentra su fundamentación en la ley 26/2007 de 23 de Octubre.
Esta norma jurídica, al tiempo que establece la obligatoriedad de contar con una garantía financiera frente a los siniestros medioambientales que podrían causar actividades económicas concretas (Anexo III de la misma ley), nace con el objetivo de aumentar la responsabilidad social circunscrita al cuidado del medio ambiente por parte de las empresas con carácter general, con independencia de la actividad económica que desarrollase su núcleo empresarial.
✍ La responsabilidad civil de las empresas en relación al impacto ambiental que podía causar su actividad económica cambiaba para siempre tras la publicación de este texto legal.
El proceso de adaptación a esta nueva política medioambiental se preveía difícil, motivo por el cual los primeros artículos del texto legal contienen una serie de definiciones que ayudan a delimitar la nueva responsabilidad civil profesional que se establece para cualquier corporación en materia medioambiental.
La obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil medioambiental está muy unida a la definición de daño medioambiental que establece la propia ley en su artículo 2.1, la cual es detallada a continuación:
Esta concepción de daño en relación al medio ambiente, unido a la obligación de reparación del mismo cuando este fuese ocasionado por la actividad económica de una empresa concreta son las pautas de la legislación medioambiental fundamentales sobre las cuales se fundamentaría la obligación de contar con un seguro RC de esta tipología en nuestra entidad, algo sobre lo que reflexionamos a continuación.
LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL | ¿Qué sujetos están obligados a la contratación de esta póliza de seguro?
La concepción de daño medioambiental así como la obligación de reparación del mismo nos hace ver de manera clara el carácter beneficioso de contar con un seguro de responsabilidad civil medioambiental con independencia de cuál sea nuestra actividad económica.
No obstante, la Ley del medio ambiente marca la obligatoriedad de ofrecer una garantía financiera específica para determinadas actividades económicas especificadas en su anexo III, las cuales son detalladas a continuación:
- Gestoras de residuos.
- Vertederos y su posterior gestión.
- Empresas que realicen vertidos.
- Empresas dedicadas al tratamiento de aguas.
- Empresas dedicadas a la fabricación, utilización, transformación, embotellado, transporte u otras actividades relacionadas con materias peligrosas.
- Industrias extractivas.
La responsabilidad medioambiental establece la obligatoriedad de contratar una póliza de seguro que actúe como garantía básica a la hora de reparar los daños causados por nuestra actividad empresarial.
No obstante, el derecho ambiental, a la hora de delimitar la responsabilidad civil medioambiental, no habla de empresa o sujeto responsable, sino que establece la figura del operador, la cual se detalla en el artículo 2.10 de la presente ley:
✍ ARTÍCULO 2.10 de la Ley 26/2007 de 23 de Octubre → Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe una actividad económica o profesional o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico.
A la hora de determinar la responsabilidad derivada tras la evaluación del impacto ambiental de una actividad económica, la definición de operador nos permite observar que hablamos de un concepto más amplio, ya que son responsables no solo los sujetos que realicen una actividad económica, sino también las personas encargadas de llevar a cabo las actividades de control en la entidad.
LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL | Supuestos de hecho.
A la hora de entender las herramientas con las que cuenta nuestro ordenamiento jurídico para garantizar una eficaz protección del medio ambiente, resulta fundamental diferenciar entre responsabilidad objetiva y subjetiva con 2 supuestos de hecho prácticos relacionados con los riesgos medioambientales que podría causar cualquier entidad en el desarrollo de su actividad empresarial.
EL QUE CONTAMINA PAGA → Los cimientos de la normativa medioambiental
El principio contaminador – pagador (El que contamina paga) es el eje central a la hora de regular la relación jurídica existente entre la empresa y el medio ambiente en cuanto a su responsabilidad civil medioambiental.
Un supuesto de hecho de responsabilidad objetiva es el perfecto ejemplo a la hora de entender nuestra legislación ambiental.
Una fábrica nuclear, en el desarrollo de sus funciones, produce una serie de daños medioambientales de carácter nuclear, generando una serie de problemas relacionados en la localidad donde se encontraba dicha instalación.
Dentro de la responsabilidad civil medioambiental, el régimen objetivo establecería que la simple existencia de daño reputaría la responsabilidad del operador (en este caso la fábrica nuclear) como causante del mismo, siendo obligatorio que éste restituya los daños causados.
No es por tanto necesario que las víctimas acrediten la culpa del causante, sino que basta con poder establecer el daño y la causa originaria de este. Esta forma de entender la responsabilidad civil profesional busca reforzar la situación de la víctima, la cual partiría de por sí de una situación de desventaja.
✍ Dentro de la responsabilidad civil medioambiental, cuando hablamos de un supuesto de hecho de responsabilidad objetiva vemos como el ordenamiento reorienta el objeto de responsabilidad, dejando a un lado la intención del sujeto causante y reforzando la responsabilidad derivada en el mero desarrollo de su actividad económica, con independencia de cual fuera su intención.
Una actividad económica de este tipo constituiría de manera clara el grupo actividades empresariales determinadas en la Ley de Responsabilidad Medioambiental en su anexo III para las cuales sería recomendable contar con un seguro de RC que sirviera como herramienta de garantía financiera obligatoria marcada en el mismo texto legal.
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL INDIRECTA → ¿Qué establece la normativa al respecto?
A la hora de regular la relación entre seguridad y medio ambiente por parte de nuestro ordenamiento jurídico, es cierto que la ley obliga a una serie de actividades económicas a contar con una garantía financiera que permita hacerse cargo de los daños medioambientales que ocasione el desarrollo de su actividad.
No obstante, esto no excluye al resto de actividades de restituir el daño al medioambiente que causara su actividad económica, siendo suficiente con demostrar el nexo causal entre la actividad económica y el daño en cuestión. Esto es lo que daría lugar a lo que conocemos como responsabilidad subjetiva, cuestión que ejemplificamos en el siguiente supuesto de hecho.
El suelo de una localidad empieza a mostrar importantes signos de contaminación, algo que sucede tras una serie de obras que se desarrollaron en este área en cuestión. Es por ello que se reclama a la constructora que resarza los daños que habría ocasionado la obra que realizó anteriormente su entidad.
Dentro de la responsabilidad civil medioambiental, la responsabilidad subjetiva podría equipararse a la responsabilidad extracontractual del sujeto responsable del supuesto de hecho.
En este caso, un juez deberá valorar si interviene culpa, negligencia o dolo en la realización de este daño medioambiental causado por la constructora, ya que se entendería que, la empresa constructora no tenía la intención de producir daños medioambientales con el desarrollo de su actividad, y esta intención debería quedar probada para que se derivase la responsabilidad civil medioambiental en cuestión.
¿QUÉ ES LA GARANTÍA FINANCIERA?
El artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece la definición de garantía financiera y de los sujetos cuya constitución tendría un carácter obligatorio.
✍ Es por ello que, dentro de la responsabilidad civil medioambiental, nuestro ordenamiento no constituye la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil, sino de contar con una herramienta que actúe como garantía frente a aquellos daños medioambientales que pudiera causar nuestra actividad.
No obstante, un seguro de responsabilidad civil para empresas de esta tipología se consolida como la llave perfecta para que nuestra empresa cuente con la protección requerida por ley. Este instrumento permite transferir el riesgo adherido de nuestra actividad empresarial a una empresa asegurodora.
Otro aspecto fundamental a la hora de entender el concepto de garantía financiera supone destacar que, en caso de que se produjera un siniestro medioambiental causado por nuestra empresa, nuestro seguro de RC general cubriría los daños a terceros que se hubieran ocasionado, pero no la contaminación ambiental de por sí.
✍ La póliza de responsabilidad civil general de nuestra empresa sería por tanto insuficiente para proteger a nuestra empresa de futuros incidentes de carácter medioambiental.
Es por ello que , en contra de lo que pudiera parecer, dentro de la responsabilidad civil medioambiental, la contratación de este tipo de seguros es prioritariamente voluntaria, de forma que esta va siempre más allá de las actividades económicas circunscritas en el anexo III de la Ley 26/2007.
En primer lugar, seguidamente, en comparación, a causa de, como resultado, la mayoría de, finalmente, seguidamente, como consecuencia, en primer lugar, por lo tanto, probablemente